Catalunya legaliza 49.000 pisos turísticos en dos años

En Catalunya se han legalizado en apenas dos años 230.433 plazas de apartamentos turísticos, que corresponden a casi 40.000 pisos y 227 edificios enteros, algo menos de la mitad de lo que la dirección general de Turisme de la Generalitat considera como potencial existente de este tipo de alojamientos, que cifra en medio millón de unidades. Estas cifras multiplican casi por 9 el número de plazas que había registradas en el 2013 (apenas 27.000, de las que el 80% estaban localizadas en la ciudad de Barcelona), cuando se puso en marcha todo el procedimiento de regularización. Esta operación se ha saldado con 477 expedientes sancionadores abiertos a propietarios y gestores, otros 55 expedientes sancionadores a comercializadoras on line y un millón de euros en multas, la más sonada de todas, la que se impuso a la plataforma de alquiler Airbnb.

Los datos a los que ha tenido acceso La Vanguardia hacen referencia a todo el territorio catalán a excepción de Barcelona ciudad, que tiene delegadas las competencias. Si se incluyera la capital catalana, el volumen de apartamentos legales que hay actualmente en Catalunya ascendería a casi 49.000 (9.606 de Barcelona más los 39.339 regularizados en Catalunya en estos dos años). Teniendo en cuenta este aspecto, en Girona es donde se ha registrado el mayor volumen de legalizaciones, el 41,5% del total, que corresponden a 16.434 apartamentos con una oferta de 95.772 plazas (véase el cuadro de la página 2). Lógicamente, la provincia sin costa, Lleida, está en la cola con sólo el 2,1% de la oferta total (845 apartamentos con 5.086 plazas).

Todas estas cifras son el resultado de una campaña de inspección que se intensificó en enero del 2013, principalmente en internet, al comprobar que es el canal preferente de comercialización de este tipo de alojamiento turístico y el que ha permitido a la administración ser más efectiva y obtener mayores resultados, muy por encima de los logrados a través de las vías de inspección convencionales, es decir, las presenciales. Así, tras rastrear alrededor de 2.000 páginas web y portales, Turisme realizó 253 requerimientos a titulares de los dominios web donde se comercializaban pisos ilegales solicitando información detallada de las propiedades. “Casi la mitad de los requerimientos fueron atendidos en mayor o menor medida”, explican fuentes oficiales de Turisme. Del resto de los requerimientos, 75 siguen sin abrir boca y 55 han derivado en expedientes sancionadores, de los cuales ocho han acabado en multas. La más cuantiosa es la de 30.000 euros que se impuso a Airbnb.

“Si las webs a las que haces requerimiento no tienen domicilio en Catalunya, es muy difícil ejecutar un procedimiento”, admite la directora general de Turisme de Catalunya, Marian Muro. A pesar de las dificultades para detectar la oferta ilegal, de los 477 expedientes abiertos que afectan a casi 2.300 alojamientos, la mayoría en la demarcación de Barcelona, en estos momentos hay ya 263 expedientes resueltos con multas que ascienden a la nada desdeñable cifra de 1.050.806 euros. Tras las sanciones hay una campaña de inspecciones, tanto presenciales como on line, que se pusieron en marcha en abril del 2013 dirigidas a la identificación directa de los propietarios o los gestores de los apartamentos. Así, desde entonces hasta ahora, se han llevado a cabo más de 7.000 inspecciones por todo el territorio catalán.

“Parece que los malos seamos la Generalitat al ordenar y dar cobertura jurídica a una modalidad de alojamiento que existía en forma de economía sumergida y que no contribuía de ninguna manera”, se queja la directora de Turisme, tras las críticas que han recibido acusándolos de fomentar los apartamentos como modalidad de negocio turístico, sobre todo a raíz de lo sucedido el verano pasado en la Barceloneta. El origen de aquel episodio está, según Turisme, única y exclusivamente en problemas no resueltos de civismo y convivencia.

Fuente:Lavanguardia.com
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